En un intento por equilibrar las metas fiscales con la contención de la escalada inflacionaria, el Poder Ejecutivo Nacional oficializó una actualización parcial de los tributos que pesan sobre los consumos energéticos. Mediante el Decreto 302/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, se estableció un incremento del 0,5% para el mes de mayo, mientras que el remanente de los ajustes pendientes correspondientes a los períodos 2024 y 2025 se trasladó al mes de junio.

La readecuación impositiva se traduce en valores específicos por litro que impactarán de forma directa en las pizarras de las estaciones de servicio. Para la nafta sin plomo y la nafta virgen, el gravamen a los combustibles líquidos asciende a $10,398, sumado a los $0,637 correspondientes al impuesto al dióxido de carbono. En el caso del gasoil, el tributo sube $9,269, aunque se contempla un tratamiento diferencial para regiones como la Patagonia y el departamento de Malargüe.

La normativa argumenta la necesidad de sostener un sendero fiscal sostenible sin asfixiar la actividad económica en un contexto de presión internacional sobre los precios del crudo. Al respecto, el texto oficial subraya que resulta imperativo "diferir parcialmente los incrementos remanentes" para estimular el crecimiento. Bajo este escenario, la administración de Javier Milei busca mitigar la volatilidad derivada del conflicto en Medio Oriente y evitar una aceleración mayor en el índice de precios al consumidor.

Esta estrategia de postergación sistemática conlleva un impacto directo en las cuentas públicas. Según estimaciones técnicas, las dilaciones aplicadas en la carga tributaria de los combustibles durante 2025 representaron una resignación de ingresos fiscales por un total de US$2.326 millones, reflejando la magnitud del compromiso financiero asumido para moderar el costo del transporte y la energía.